¡Sí señor!, es inversión en seguridad.

Invertir en tratamiento de adicción a la drogas tiene un doble impacto en la sociedad

(*) Nuestro Editor fue Jefe de la Unidad Anti-Lavado de Activos y Secretario Ejecutivo Adjunto de la Comisión Interamericana para Control del Abuso de Drogas en la OEA y Representante de la Oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y Delito ante Brasil y el Cono Sur

Las palabras del ministro Alberto Heber sobre la financiación a la rehabilitación de personas privadas de libertad son música para mis oídos (*):  “Cada peso que se invierta es mayor seguridad. . .Porque estamos rescatando de la cárcel a quien en definitiva lo teníamos perdido”.

Según un estudio realizado en 2010 por la OEA y la ONU, en Uruguay el 80 por ciento de los reclusos consumió drogas al menos una vez en la vida, un porcentaje mucho mayor que en la población general. Y aun cuando los usuarios presos no son siempre problemáticos, las respuestas del Estado ya sea en su tratamiento o prevención selectiva (dirigida a quienes aún no consumen en forma abusiva o usan drogas más peligrosas ) son imprescindibles ante los riesgos y vulnerabilidades ocasionadas por el encierro.

Las Reglas Mínimas para el Tratamiento del Recluso, conocidas como las Reglas de Mandela,  establecen que la prisión es aflictiva en sí misma por lo cual “el sistema penitenciario no deberá agravar los sufrimientos inherentes a tal situación”. Y bien que se mire, cuando no se atienden dolencias como la adicción no sólo empeora la salud mental sino que además se pone en riesgo la física por exposición al VIH-SIDA y la hepatitis, cuyas prevalencias son sensiblemente más alta entre presos que abusan de sustancias estupefacientes.

Publicaciones sobre Cortes de Drogas (modalidad conocida en Latinoamérica como Tribunales de Tratamiento de Drogas -TTD) realizadas por American University y Standford University afirman que en Estados Unidos cada dólar gastado en este modelo de tratamiento ahorra aproximadamente 4 dólares en costos de encarcelamiento y atención médica, y el tratamiento en prisiones economiza entre 2 y 6 dólares. Por otra parte ambos estudios destacan menores tasas de reincidencia tanto en consumo de drogas como en comisión de delitos en aquellas personas derivados a TTD como medida alternativa a la prisión.

Desgraciadamente, la importancia del tratamiento en cárceles no es prioridad en muchos lugares del planeta, y al gran fracaso que en general son los centros de reclusión —lo que daría lugar a varias notas periodísticas— se agrega el demérito de condiciones sanitarias deficientes. Porque resulta imposible encarar la rehabilitación que la sociedad espera del preso sin tratar la extendida adicción a las drogas, sean legales o de uso controlado, y mejorar su estado de salud. 

En países cuya justicia tiene una mirada absolutamente punitiva respecto al problema de las drogas —como Brasil— conocí lo suficiente como para preferir el enfoque sanitaria del tema. El conservadurismo asociado a políticas de “mano dura” –ostensiblemente aplicadas contra varones pobres, jóvenes y negros– además de generar superpoblación carcelaria, instalan la “puerta giratoria” por la cual salen y entran reclusos sin solución de continuidad.

Peor aún, en nuestro vecino, el constante ir y venir de presos un día si y un día no, alimenta el batallón de “soldados” de verdaderos comandos dirigidos desde las cárceles, complejas organizaciones que el ex-Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional española, Javier Zaragoza, no dudaba en incluir en el Crimen Organizado. 

Si bien tratar de establecer la causalidad entre drogas y delitos no es sencillo, pues la relación no es lineal ni generalizable, varios estudios internacionales comprueban que comparativamente quienes delinquen presentan elevadas tasas de uso de drogas y es frecuente que dentro de ese grupo el porcentaje de consumidores problemáticos sea alto.

Invertir en rehabilitación, entonces, no sólo es una solución de Derecho avalada por las Reglas Mínimas, es una medida inteligente que ataca directamente las causas del problema, mejorando los resultados obtenidos por reprimir sus consecuencias.

Pongámoslo así: de los consumidores de drogas —números más, números menos— el 80 por ciento no ha caído en la adicción, por lo que potencialmente impone un riesgo menor a la sociedad que los consumidores problemáticos, que representan el 20 por ciento de los usuarios. Y en una relación muy cercana a la ley de Pareto, los primeros dan cuenta del 20 por ciento del mercado y los segundos, del 80. Ahora, ¿no es notorio lo que cada persona rescatada de la adicción supone en términos de de seguridad?